El Concejo Deliberante comenzará a debatir un proyecto de la concejal Angélica González. Se impulsa la creación de un registro municipal de prestadores del servicio que incluirá no solo a Uber, sino a todas las aplicaciones, con exigencias similares a las de los taxis y remises.
A través de un proyecto de ordenanza de la concejal Angélica González (Coalición Cívica-ARI), el Concejo Deliberante abrirá pronto el debate para permitir o no en el partido de General Pueyrredon el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, como Uber -entre otras-, a través de la creación de un registro municipal de prestadores de este tipo de servicios.
El expediente ingresó este lunes al Concejo con la intención de que se discuta en el ámbito legislativo local la posibilidad de que todas las plataformas del rubro –Uber, Didi, Cabify y otras- puedan operar en la ciudad, enmarcado en el denominado Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales, que inicialmente sería exclusivo para marplatenses y que contiene requisitos equiparables a los de los taxis y remises en cuanto al seguro, las condiciones de los vehículos y las licencias de conducir exigidas.
Durante la temporada quedó en evidencia la falta de unidades de taxi, sobre todo durante la noche. Este problema, que aún no se encuentra resuelto, también dio impulso al proyecto de ordenanza.
La iniciativa impulsada por González, cabe destacar, incluye también a los taxistas, ya que buena parte de las empresas que operan en Mar del Plata trabajan con plataformas digitales para brindar el servicio. “El objetivo es ampliar la oferta de transporte para cubrir la demanda, darle seguridad al pasajero y a los trabajores y, al mismo tiempo, generar más puestos de trabajo para los marplatenses y batananeses”, explicaron desde el entorno de la edil.
El proyecto aclara que la inscripción a este registro “será de carácter obligatorio” para todo conductor que requiera prestar servicios utilizando plataformas virtuales.
Serán requisitos, también, acreditar el pago de la tasa de inscripción y fiscalización correspondiente; presentar la documentación reglamentaria del vehículo con el que se pretenda la prestación del servicio; presentar la documentación que acredite la identidad del conductor y la licencia de conducir clase D.1; acreditar la Inscripción en AFIP; contratar seguro del automotor exigido con el límite de cobertura máximo para transporte de pasajeros; y abonar, en concepto de arancel por el otorgamiento del certificado de habilitación, el mismo monto que tributan por este concepto los licenciatarios de taxis y remises.
La concejal argumentó que “existen múltiples aplicaciones y plataformas digitales accesibles” al alcance de cualquier persona que “conectan directamente al usuario con prestadores de servicios o proveedores de bienes”, lo que favorece que se produzca “una mejora sustancial en la asignación de recursos con fuertes reducción de costos y un gran mejoramiento en el aprovechamiento del tiempo, entre otros beneficios”.
En materia de seguridad, el expediente plantea que el conductor y los pasajeros deberán exhibir sus dispositivos móviles con la aplicación activada que indique nombre del conductor, nombre del pasajero, tipo de vehículo y destino acordado.
La prestación del servicio, además, sólo podrá realizarse previa solicitud cursada por el pasajero usuario de la plataforma virtual a un conductor registrado y disponible para prestar el servicio en ese momento. “En ningún caso los vehículos habilitados podrán hacer oferta pública del mismo, ni trasladar a pasajeros que no acrediten su calidad de usuarios de la plataforma virtual y la solicitud previa del viaje”, aclara el proyecto.
También, los conductores deberán mantener el vehículo prestador del servicio “en perfecto estado de funcionamiento”; realizar la VTV; contar con una póliza de seguro con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductor y pasajeros en una modalidad de transporte oneroso; y cumplir los requisitos de antigüedad, radicación, seguridad y capacidad que determine la reglamentación.
Angélica González.
El desembarco de Uber en Mar del Plata, tal como ha ocurrido en otras ciudades del país y el mundo, ha generado un conflicto de intereses, con voces que se alzan a favor de que se permita su funcionamiento y otras en contra, como ocurre con buena parte de los taxistas.
La autora de este nuevo proyecto, ha sostenido su postura en el tiempo. Hace tres años, cuando en 2019 el ex intendente Carlos Arroyo impulsó el proyecto para imponer fuertes sanciones a Uber, Angélica González fue la única concejal que se mostró a favor de que la aplicación funcionara en la ciudad y de hecho adhirió a que se generase un marco normativo, tal como proponía el diputado Guillermo Castello, en aquel momento del mismo espacio político.
Respecto a esa resistencia, la concejal expresó que “lamentablemente el desarrollo operativo de empresas de servicios de intermediación digital entre pasajeros y conductores se ha visto extremadamente dificultado, cuando no impedido, debido al rechazo de aquellos que, en forma egoísta, velan sólo por sus intereses particulares y gremiales centrados en el monopolio y la apropiación del mercado sólo para ellos, sin tener en cuenta los intereses de la inmensa mayoría de la población y del derecho ciudadano a contar con opciones para elegir”.
Esa resistencia, además, “ha apelado incluso a métodos de acción directa y ha encontrado eco en buena parte de la dirigencia política más proclive a la defensa de intereses sectoriales que a los de sus propios representados, es decir la ciudadanía”, sostiene el expediente, que próximamente comenzará a ser debatido en las comisiones internas del Concejo Deliberante.